Nuestro Programa

Documento Oficial Aprobado en  Consejo General
Noviembre 2010

“HACIA UNA SOCIEDAD LIBERTARIA”

La experiencia histórica nos ha demostrado que la concentración de poder estatal, así como la concentración del capital, atenta contra la libertad de las personas y violenta los Derechos Humanos. Basta una rápida mirada a los 17 años de dictadura militar (1973-1990),  y los 25 años de gobierno, para constatar cómo la concentración de poder corrompe a la sociedad.

Crear una sociedad libertaria significa: Desconcentración, Descentralización, Democracia directa, Diversidad y Unión Latinoamericana en dirección a la Unión Mundial. La desconcentración económica, la descentralización estatal, la democracia directa, la valoración de la diversidad, regresa el poder social y político a quienes siempre debieron haberlo tenido: los Pueblos.

Una nueva sensibilidad ha comenzado a expresarse en todo el país, especialmente desde las nuevas generaciones, activando movimientos sociales que han ido más allá de la reivindicación puntual. Una nueva conciencia y una nueva comprensión de la integralidad de la violencia del sistema social actual, se han hecho manifiestas. Esto ha derivado en un cuestionamiento profundo a las raíces del modelo.

Se está levantando un clamor ciudadano que hace un juicio activo al lucro y reclama derechos humanos; cuestiona la Constitución por ilegítima, antidemocrática e impuesta por la fuerza; denuncia la concentración del poder y la centralización; no acepta ya una democracia secuestrada, cuya crisis de representatividad es creciente; sufre la indefensión y al nulo poder de decisión de las poblaciones; no quiere observar pasivamente el saqueo de los recursos naturales de todos los chilenos y al deterioro progresivo del medio ambiente por intereses económicos. Todos estos temas denunciados sistemáticamente por una minoría durante décadas, comienzan hoy a constituirse en un sentir colectivo, a ser parte del “sentido común”.

Construir este cambio significa aumentar el poder de decisión de las personas y de las asociaciones de la base social, proyectarse al poder político, forjando una verdadera democracia real. Esta labor comienza hoy en las comunidades de base que se reúnen a discutir estas propuestas para una sociedad libertaria y a autoformarse en la actitud humanista y en la no violencia creativa.

1. Constitución política y democracia

Un pueblo soberano en pleno ejercicio de nuestros derechos

Han transcurrido 23 años y 4 gobiernos de la Concertación y uno de la derecha pinochetista y en Chile aún tenemos una Constitución antidemocrática e ilegítima. Estamos sometidos a un Estado centralizado y a un sistema político basado en la desconfianza hacia la voluntad popular, donde el ciudadano no tiene ningún protagonismo, donde se fomenta la desinformación política y el paternalismo, donde en definitiva se sigue eligiendo a unos pocos para representar los intereses de la minoría que detenta el poder económico, negando de manera perversa la soberanía del pueblo.

Con el objetivo de instalar instituciones democráticas en el país, durante estos 23 años hemos propuesto la derogación mediante plebiscito de la Constitución de 1980 y la convocatoria a una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución, cuya propuesta sea también aprobada por plebiscito. Estamos hoy en condiciones de promover con mayor fuerza aún el debate y la movilización de los ciudadanos para que el pueblo sea el soberano y protagonista permanente de la toma de decisiones en todo Chile. Hoy como ayer exigimos una nueva Constitución Política, generada a partir de una Asamblea Constituyente elegida por votación popular y sancionada en un plebiscito universal.

Exigimos una nueva Constitución y nuevas leyes para una verdadera democracia en las que se considere:

  • Radicar la soberanía en el pueblo y que sea el pueblo el garante de la institucionalidad.
  • Eliminar la definición de Chile como un “Estado subsidiario”, pilar básico del sistema imperante.
  • Al “ser humano” como núcleo fundamental de la sociedad. Abogamos por un Estado vinculado y activo en la defensa de los derechos ciudadanos, dejando atrás esa concepción que le entrega a la “familia” el rol y la obligación principal y/o fundamental en la satisfacción de éstos, pero no provee las condiciones para que ello sea posible para las grandes mayorías, privatizando de ese modo los conflictos.
  • Remplazar el sistema electoral binominal por uno proporcional con especial preocupación en asegurar la participación y representación tanto de las minorías políticas como de las mayorías discriminadas.
  • Instituir la generación democrática de todos los poderes del Estado (la elección por sufragio universal directo de los jueces y magistrados, de los intendentes y de los consejeros regionales).
  • Establecer el derecho a sufragio de los chilenos que viven en el extranjero.
  • Crear mecanismos que permitan la efectiva protección de los derechos fundamentales de las personas frente a la acción del Estado (tribunales contencioso administrativo y de recurso administrativo) o de cualquier otra organización (Defensor del Pueblo).
  • Democratizar la toma de decisiones instituyendo mecanismos participativos para los ciudadanos decidan sobre los presupuestos de inversión y la administración de los servicios públicos.
  • Ampliar las facultades fiscalizadoras del Parlamento.
  • Subordinar la existencia de las Fuerzas Armadas y de Orden a la Constitución y las leyes, sentando las bases para una profunda reforma de estas instituciones, su reestructuración en función de la protección de los derechos humanos (normalización y democratización de las FFAA y de las policías; servicio militar voluntario; ley de emergencia social).
  • Señalar expresamente la obligación constitucional del Estado de Chile de comprometerse con la defensa y promoción de todos los DDHH (de todas las generaciones) incorporando específicamente la Salud y la Educación como tales.
  • Definir Chile como Estado Federativo, que implica la elevación de las Regiones a Unidades Políticas de Administración Autónomas, con Intendentes, Parlamento y Poder Judicial electos por voluntad popular y plazos acotados. La actual estructuración regional deberá revisarse en razón de generar un nuevo orden territorial que rescate la identidad cultural y los polos de actividad comercial, productiva y/o turística que permita la diversidad de paisajes que necesita para su desarrollo; y que realice una ponderación a largo plazo del equilibrio necesario de la distribución territorial.
  • Establecer constitucionalmente las premisas que toda actividad lucrativa, por definición, debe pagar impuestos y que el Estado no puede subsidiar actividades lucrativas, sino por ocasionales emprendimientos, calificados por el Parlamento Regional, y en carácter temporal.

Exigimos hacer efectiva la igualdad de los ciudadanos ante la ley, eliminando el fuero de los representantes políticos y promoviendo tanto la responsabilidad política como la responsabilidad ciudadana, para lo cual es necesario:

Aprobar la ley de responsabilidad política presentada al Congreso Nacional por la diputada humanista Laura Rodríguez en 1990, es decir una ley que obligue a todos los representantes políticos a dar cuenta de su gestión a los ciudadanos de sus comunas, distritos y regiones respectivos, una ley que a su vez le devuelva el poder a los electores para remover de los cargos de elección popular a aquellos que no cumplan con sus promesas electorales (revocabilidad del mandato de los cargos de elección popular), lo que se podrá exigir luego de cumplida la mitad del periodo del cargo, mediante un referéndum revocatorio, al que se puede convocar con un número determinado de firmas, según el ámbito de aplicación, definida por Ley.

Generar mecanismos plebiscitarios y de consulta popular vinculante para resolver temáticas de interés conjunto, a todos los niveles de interés: Comuna, Región, República.

Integrar sistemáticamente formas de Democracia Participativa y Directa, por medio de las cuales los ciudadanos puedan:

  • proponer proyectos de ley (ley de iniciativa popular para proponer leyes y reformas),
  • vetar la aprobación de una ley (el veto de ley por referéndum),
  • tomar decisiones sobre la asignación del presupuesto público de inversión y el diseño de políticas públicas, particularmente de las políticas sociales, de desarrollo urbano y de seguridad ciudadana a nivel regional y comunal.

participar en la gestión de los servicios públicos, de abajo hacia arriba, al menos a nivel municipal y regional, en particular en las áreas de la salud, de la educación, desarrollo urbano y rol de la policía comunal (órganos municipales y regionales participativos de consulta y decisión, presupuestos participativos).

2. Desconcentración y descentralización del Estado

Un pueblo que toma las decisiones importantes

Cuando proponemos integrar formas de democracia participativa en Chile, apuntamos a que el cuerpo ciudadano pueda hacer valer su calidad de soberano, lo cual no sólo pasa por la participación en elecciones, sino por la forma en que se toman las decisiones. Esto significa desconcentrar el poder y reforzar la descentralización del Estado en Chile, estableciendo medidas que otorguen mayor autonomía, recursos financieros y posibilidades de desarrollo económico y social a las regiones y comunas.

Descentralizar el Estado a través de una organización federativa de modo que el poder político real quede en manos de las regiones, provincias, comunas, barrios y comunidades.

La Cumbre Alternativa de la Gente de Regiones en su documento de Viña del mar del 1 de Octubre de 1998, expresa “la efectiva regionalización y descentralización no se logrará mientras se mantengan las bases del régimen político unitario centralizado del país. La limitada descentralización del Estado, circunscrita estrictamente a la esfera administrativa, no permite mejorar la redistribución del poder político y económico hacia las regiones. No bastan las soluciones parciales. Es un diseño integral de un estado descentralizado, tanto en sus funciones administrativas como en las funciones políticas, legislativas, judiciales, fiscales y contraloras. Estos cambios son posibles, sólo si la comunidad y la gente de regiones los quiere y se organizan para lograrlos”.

La tendencia actual de disminuir el Estado (“modernizarlo”) reemplazándolo por el control de monopolios económicos transnacionales, en nada ayudan a un proceso de descentralización, por el contrario, el significado de la mentada modernización es dejar al estado desprovisto de toda herramienta para frenar el saqueo de los recursos de las regiones.

El desarrollo regional y su enfoque humanista apuntan a revalorizar lo humano que hay tras las acciones emprendidas por la región, en general, y por su gobierno en particular; apuntan a reafirmar, también, a la democracia real como sistema político; y apuntan, finalmente, a no olvidar que el verdadero centro del desarrollo regional no es otro que el de la persona humana, que por su intencionalidad forma parte de organizaciones barriales, comunales, regionales o nacionales, en la experiencia de ejercer el poder político y social real, en forma cada vez mas cercana a la base social.

Queremos avanzar hacia un Estado verdaderamente Federativo en que estén descentralizados el poder ejecutivo, el legislativo y judicial. Los estados federativos deberán desarrollar Cortes Judiciales, Parlamentos, Cámaras de Comercio, Centros Culturales, Deportivos y Sociales, Desarrollo de Carreteras, Aeropuertos, Ferrocarriles y Puertos adecuados; de este modo habrá también una descentralización de la responsabilidad cívica, lo que ayudará al progreso del propio Estado y de la Ciudadanía.

  • El Estado Federativo deberá funcionar manteniendo la legislación constitucional y básica, bajo tutela de la Corte Suprema por vías extraordinarias de casación, y organizar al Sistema Judicial con las Cortes de Justicia Regionales como Tribunales de Casación de la justicia ordinaria. Jueces de primera instancia a nivel básico, comunal, y Tribunales colegiados de Apelación a Nivel Provincial, dejando las Cortes como Tribunal Extraordinario de Casación, todo para llevar la Justicia al nivel cercano inmediato a la gente.
  • Los parlamentos Regionales, tendrán por básica función la aprobación y generación de los Presupuestos Regionales a propuesta de los Intendentes y de acuerdo a las prioridades definidas por la ciudadanía mediante mecanismos participativos y de consulta popular; los que deberán ser respaldados por recursos generados en la Región y con aportes de un Fondo Nacional de Desarrollo, verdaderamente estructurado, esencialmente sobre la base de los excedentes de lo producido por la explotación de los Recursos Naturales, los que deben estar reconocidos a nivel constitucional, como Recursos Sociales, de modo de asegurar por una parte la inversión de los recursos obtenidos en las Regiones en cada una, y mediante el Fondo Nacional de Desarrollo realmente operativo y fiscalizado, a cargo de un Consejo Amplio Regional y Nacional, que se funde en criterios éticos que garanticen estándares básicos nacionales, que eliminen las diferencias irritantes entre Regiones “naturalmente” ricas y Regiones pobres.
  • El Ejecutivo Regional estará encabezado por el Presidente Regional (Intendente) que administra con los Secretarios Regionales por carteras, estructuralmente idénticos a los Ministerios, para la coordinación imprescindible de las tareas.

Además de la elección popular de los intendentes, de los parlamentos regionales y de un cuerpo legislativo con atribuciones precisas, se requiere necesariamente:

  • La autonomía política de la región por medio de la democratización de la toma de decisiones sobre los presupuestos de inversión pública (presupuestos participativos en educación, salud, desarrollo social y cultural, vivienda e infraestructura) y la participación de los ciudadanos en la definición de las orientaciones de gestión de los servicios públicos (co-gestión de los establecimientos estatales de salud, educación y cultura).

La autonomía financiera de la región, por medio de la reorganización de los impuestos a la producción y a los servicios generados en el territorio en beneficio de la región y la creación de impuestos regionales destinados a la inversión en políticas sociales e iniciativas específicas de desarrollo regional.

3. Diversidad, derechos humanos, mayorías discriminadas

Hacer respetar nuestra diversidad

Sostenemos y defendemos la diversidad y las prácticas democráticas, promoviendo prioritariamente el ejercicio de una ciudadanía socialmente participativa y responsable, como base necesaria para una sociedad cultural y políticamente abierta, regulada por el pleno respeto a los DDHH y un sistema socioeconómico que propenda a la justicia social, a la inclusión y la protección de los desposeídos.

No queremos una sociedad uniformizante, como la actual, donde las personas tienen que adecuarse al modelo impuesto tanto en la forma de vivir como de relacionarse, donde los que no nos ajustamos somos tratados de “minorías” políticas, religiosas, sexuales y étnicas.

¿Cómo son definidos los homosexuales, los adultos mayores, las mujeres, los jóvenes, los discapacitados, los cesantes, los miembros de los pueblos originarios, los extranjeros, los niños y todos quienes se sienten discriminados arbitraria e injustamente en Chile? En general, la identidad de los discriminados, la forma en que son definidos, depende de la forma en que son nombrados u omitidos por quienes tienen el poder de nombrar. La pregunta es, entonces: ¿Quién nombra a quién, quién omite a quien y con qué objetivo?

Nuestro objetivo es la valoración y la promoción la diversidad. Por esto, impulsaremos que en la nueva Constitución se asegure de forma explícita la igualdad de las personas ante la ley y el derecho de toda persona a igual protección de la ley, sin discriminación.

Adicionalmente, deberá modificarse la Ley Antidiscriminación para precisar algunos criterios arbitrarios de diferenciación directa o indirecta, entre otros, aquellos fundados en motivos de sexo, género, embarazo, edad, nacionalidad, origen étnico y social, orientación sexual, discapacidad física, religión, creencia, nacimiento, cultura, idioma, conciencia u opinión política.

Exigimos la plena vigencia de los Derechos Humanos en Chile por medio de:

  • La ratificación por el Estado de Chile de todos los tratados internacionales en materia de DDHH y la creación del Defensor del Pueblo, que vele por el respeto a la integridad y dignidad de las personas.
  • La eliminación de todas aquellas instituciones y leyes que impidan el libre arbitrio y la libre expresión de las personas, tales como la despenalización del aborto, el establecimiento de mecanismos eficaces de protección de la libertad de expresión y de acción individual y colectiva.
  • Modificar la formación de las fuerzas de orden y seguridad, incorporando el respeto de los Derechos Humanos, la solución noviolenta de conflictos, y la no discriminación.
  • La eliminación de todas aquellas instituciones y leyes que impiden que se haga justicia plena en los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1973 y 1990, especialmente la revocación del Decreto Ley de amnistía. Asimismo, se hace necesario revocar el secreto sobre la autoría de las violaciones negociado por la Concertación y que impide la verdad en 50 años.
  • Revisar las definiciones y plazos de las leyes de reparación en conjunto con las organizaciones de DDHH.
  • El Estado debe hacerse parte en el cumplimiento de todas las sanciones internacionales impuestas a Chile por los tribunales de DDHH y hacerse parte ejecutiva en todas las denuncias y casos de violaciones a los DDHH. Para esto último, el INDH debe dejar de ser un órgano de gobierno y transformarse en un organismo de estado, con presupuesto propio y autonomía.
  • Crear una institucionalidad contra la discriminación, que dependa del INDH, y que se encargue del desarrollo de las políticas de inclusión. Es necesario que el Estado se haga parte del cumplimiento de la normativa de antidiscriminación.
  • La creación legal de un Servicio Jurídico Público que preste atención gratuita e inmediata a las personas detenidas, a fin de evitar interrogatorios en ausencia de un abogado defensor.
  • La dignificación del sistema carcelario y su orientación hacia la rehabilitación.

En materias de género, proponemos:

  • Modificación del artículo 102 del Código Civil, eliminando la referencia a que el matrimonio es “entre un hombre y una mujer”, dejando sólo como “entre dos personas”. De esta manera se asegura que el matrimonio entre personas del mismo sexo, será en las mismas condiciones que el matrimonio de personas de sexo opuesto. Se trata de un asunto de igualdad de derechos humanos. No se trata de homosexualizar el matrimonio, sino de dignificar la vida de personas homosexuales. No aceptaremos una ley excluyente y mentirosa como el proyecto de ley en el parlamento de “unión civil de parejas del mismo sexo” que por un lado otorga y por otro desconoce y omite. El proyecto actual es un engaño del sistema neoliberal pues se valida a las personas de orientación homosexual en tanto “propietarios” o “consumidores”, porque nada dice de, o le sirve a, parejas del mismo sexo que no tienen propiedades.
  • Ley de co-adopción de parejas homo-bisexuales.
  • Ley de protección a las familias mono-parentales.
  • Modificación de la noción de ofensas a la moral pública acorde con el principio de no-discriminación. Este concepto aparece en diferentes cuerpos jurídicos bajo el rótulo de “atentar a la moral y las buenas costumbres”.
  • Planes de Educación sexual en temas de orientación sexual, identidad de género, y sexualidad.
  • Ley de identidad de género, que además del reconocimiento, abarque materias de salud, educación y derechos civiles.

4. Pueblos Originarios

Una sociedad multinacional, pluricultural y multilingüe

Para poner fin a los años de negación, asimilación cultural, genocidio y aculturación en Chile, creemos en la necesidad de forjar una sociedad multinacional, pluricultural y multilingüe, cuya base sea el reconocimiento, respeto y valoración de la diversidad de todos los grupos sociales. Frente a la discriminación y a la disgregación histórica y presente de las comunidades de los Pueblos Originarios en Chile, promovemos la autodeterminación y el desarrollo de su diversidad.

Entendemos a la autonomía y autodeterminación de los pueblos originarios como la facultad de ejercer control político, cultural y económico sobre su propio desarrollo en la sociedad chilena. Esta posición es plenamente coherente y viable en el marco de un sistema federalista y de democracia participativa que resguarde el ejercicio del poder de decisión de cada ciudadano en pie de igualdad por medio de una reorganización territorial administrativa, acompañada de un doble proceso de descentralización y desconcentración del poder.

En primer lugar, es necesario el reconocimiento constitucional del carácter plurinacional de nuestro país. Esto es, la incorporación en una nueva Constitución Política del concepto de Estado plurinacional, que consolide el status de cada pueblo, con derechos colectivos y no como simples comunidades culturales. Por ello es fundamental avanzar hacia la instalación de una Asamblea Constituyente que recoja la expresión de esta diversidad y que garantice el principio de no discriminación.

En lo inmediato se requiere que la sociedad chilena, como conjunto, repare el daño causado a los pueblos originarios de Chile a través del cumplimiento del Convenio 169 de la OIT vigente en Chile desde septiembre de 2009. Esto implica:

  • Devolver los territorios usurpados reclamados como propios, reconociendo los derechos territoriales y la propiedad colectiva de la tierra en aquellos pueblos que así lo conciban.
  • Respetando el derecho a la autodeterminación política, económica, religiosa, social y cultural
  • Profundizar y ampliar el alcance de la Educación Intercultural a todo el sistema educativo para una mayor comprensión de la diversidad y la no-discriminación. Ello no sólo implica la oficialización de la lengua de los pueblos originarios sino que también la transmisión de la lengua y la cultura a las nuevas generaciones.
  • En salud es fundamental asegurar los recursos y espacios para el desarrollo y recuperación de las formas de salud y bienestar tradicionales.

Es necesaria la protección y recuperación del patrimonio material y cultural, asegurando su conservación con adecuados planes de manejo. Por otra parte, cabe comprender que la cultura de los pueblos no es un objeto muerto que pueda ponerse en un museo, sino un ente vivo que se desarrolla a partir de las aspiraciones de ese pueblo, siendo un deber del Estado asegurar los recursos para que así sea.

5. Desarrollo económico: Economía, trabajo, desarrollo productivo y seguridad social

Humanizar la Economía

Construir un país más humano, justo y solidario, pasa necesariamente por el cambio del modelo económico imperante.

Proponemos un sistema de economía mixta que ponga cómo máximo valor al ser humano y no la autorregulación del mercado, que equipare la relación entre el trabajo y el capital, entregando garantías para condiciones de vida dignas a todos los ciudadanos que vivan en el país, que permita una adecuada distribución del ingreso, que potencie el desarrollo de la industria nacional y de la pequeña y mediana empresa, que defina el rol del Estado como garantizador de la igualdad de oportunidades para trabajadores y empresas productivas frente al gran capital especulativo

Se trata de un modelo económico que promueva el bienestar para todos los habitantes del país, la solidaridad y la cooperación e intercambio entre trabajadores, empresarios y el Estado, y que garantice a cada chileno condiciones de vida digna, trabajo y pensiones dignas para toda persona que este en condiciones de recibirla por su condición de vejez, inhabilitación física o trastorno o deterioro intelectual, haya o no realizado pago en el fondo solidario de pensiones.

Desde este modelo económico proponemos fortalecer la participación del Estado, asumiendo un rol activo en el fomento de la industrialización, en la administración y gestión de las industrias estratégicas y servicios básicos, terminando con las privatizaciones y las concesiones a capitales especulativos.

  1. Nacionalización del cobre y de todos los recursos naturales. Nacionalizar el agua, consagrando en la Nueva Constitución que el acceso al agua y electricidad es un derecho humano y tiene el status de bien común.
  2. Eliminar el sistema de Administradoras de Fondos Previsionales, que se ha prestado para aumentar fondos especulativos fuera del país, generando el lucro sólo a directivos que no le responden a los verdaderos dueños de los dineros que son todos los trabajadores. Reemplazar por un sistema de Previsión y Seguridad Social solidario y de reparto que permita pensiones justas. Inversión de los fondos de pensiones en el desarrollo del aparato productivo, a través de la creación de instrumentos como un Banco de Equidad Social, que privilegie la inversión productiva de los fondos por sobre la inversión especulativa.
  3. Establecimiento de un Plan de Desarrollo Productivo para las Pymes que permita la industrialización del país, que considere el necesario apoyo financiero y el establecimiento de regulaciones de carácter comercial que compensen las desventajas competitivas entre las Pequeñas y Medianas empresas y las grandes cadenas o grupos compradores.
  4. Nuevo orden económico: redefinir el trato a la inversión extranjera; legislación antimonopolio efectiva y promoción de la democracia económica.
  5. Modificar la desigual distribución del ingreso, a través una política tributaria justa, rebajando el IVA al 16% y liberando los artículos de primera necesidad. Royalty de un 25% a la inversión extranjera para la gran minería, la pesca industrial y la explotación forestal y mayores impuestos para el lucro financiero; disminución del presupuesto de Defensa, redestinando esos recursos a Salud, Trabajo, Educación y Vivienda.
  6. Creación del Banco de Equidad Social. Banco sin fines de lucro, que otorgará créditos sin intereses para el fomento de la producción y de la exportación. Sólo cobrará sus costos administrativos, posibilitando el acceso a financiamiento de bajo costo, en especial a las empresas de Propiedad Participativa de Trabajadores (PPT) y a la pequeña y mediana empresa. No otorgará créditos de consumo.
  7. Ante la deshumanización creciente de las condiciones de trabajo, proponemos modificar la injusta relación entre el trabajo y el capital, estableciendo un nuevo “trato” hacia el trabajo y los trabajadores, a través del aumento de los salarios reales, una mayor participación en las utilidades de la empresa, la promoción de la Propiedad Participativa de Trabajadores (PPT), y la rebaja de la jornada laboral, permitiendo una calidad de vida acorde con las necesidades de la población, y que permita a todos los chilenos disfrutar de los beneficios del progreso.
  8. Modificación de la Legislación Laboral poniendo fin al Código del Trabajo. Promulgación de una legislación que atienda a la seguridad en el trabajo, el fortalecimiento de la organización sindical y de las instituciones fiscalizadoras.
  9. Por último, en el plano internacional, Chile debe desalinearse urgentemente del proceso de globalización impulsado por las grandes trasnacionales, fortalecimiento los lazos comerciales con nuestros países hermanos de Latinoamérica, generando un polo productivo regional, y contribuyendo de esta manera a la construcción de la Unidad Latinoamericana.

Sintetizando, un modelo económico que pone determinantemente como centro de atención el desarrollo humano en todas sus dimensiones, instalándose como herramienta para propiciar y elevar el nivel de vida de las personas que habitan un territorio. Dando todo lo que se tenga en recursos, para solucionar las necesidades que implica el ciclo biológico de la vida y digna trascendencia de esta tierra.

6. Políticas Sociales: Salud, Educación, Desarrollo cultural, Vivienda

Iguales derechos e idénticas oportunidades para todos

Hoy es claro que en Chile los planes y programas sociales se subordinan a los designios e intereses del capital financiero internacional y que habitualmente nos son invisibles en sus acciones directas. Un sistema en el que todo se rige por un “modelo” y leyes de mercado, termina convirtiendo a la salud, la educación, la cultura y la vivienda en un negocio más, en donde el juego de fuerzas entre productores y consumidores no deja lugar para una comunidad solidaria y organizada capaz de tomar decisiones sobre la inversión social pública.

Para modificar o transformar la actual situación, es fundamental que todas personas, todos los ciudadanos, toda la población esté informada, participe y exija que se cumplan estos derechos fundamentales. Las políticas sociales carecen de un uso adecuado, una buena administración del presupuesto, para garantizar el acceso a salud, educación y vivienda de calidad para toda la población. Hay además importantes problemas de gestión de los servicios públicos y una ausencia de políticas públicas serias y específicas en cuanto a desarrollo cultural.

Debemos dejar de hacer sólo lo que se puede y pasar a enfocar las políticas sociales poniendo como valor central al ser humano, buscando favorecer su desarrollo en convivencia armónica con el progreso general.

El Estado, o sea “todos nosotros” debemos asumir en plenitud la responsabilidad social en las áreas de servicios públicos, educación, salud, vivienda e infraestructura de todo lo anterior, hoy entregadas sin contrapeso a las leyes y modelo de mercado. Exigimos que la educación, la salud, la vivienda y el desarrollo cultural promuevan y permita un “buen vivir”, y que sean derechos explícitamente consagrados en la Constitución y las leyes.

I. Salud

Es necesario y posible garantizar a todo chileno y chilena una atención de salud publica, de libre acceso, oportuna, de calidad y de co-pago 0. Entendiendo como buen servicio la percepción de satisfacción de la persona que recibe el servicio. Para esto es necesario:

  • Destinar a Fonasa el aporte de todos los trabajadores desde un 7% hasta un 15% dependiendo de sus ingresos, para entregar Salud pública y de libre acceso con co-pago 0 o “sin gasto de bolsillo”. Voluntariamente se podrá aportar a un sistema de salud privado, pero adicional a este fondo.
  • Construir un sistema de salud integral orientado a las personas, que atienda proporcionadamente la dimensión preventiva, curativa y promocional, considerando también su entorno familiar y comunitario.
  • Mejorar las remuneraciones de los trabajadores de la salud pública, como también las condiciones laborales.
  • Fortalecer los marcos legales vigentes, generando una escala única. Disminuyendo brechas salariales según comunas y/o según profesión.
  • Incorporar a la población organizada en la toma de decisiones sobre las prioridades de atención y el mejoramiento de la gestión de los servicios de salud a nivel municipal y regional.
  • Todas las enfermedades existentes deben ser cubiertas, por esta salud pública.
  • Generar una estructura de administración basada en: ministerio–regional-provincial (agencia).
  • Incorporar dentro de la salud pública, como también en las carreras relacionadas a la salud, la medicina de los pueblos originarios.Generar y/o mejorar las normativas con relación a que toda nueva construcción de infraestructura en Salud pública o privada; hospitales, consultorios, clínicas, postas, servicios médicos, debe ser diseñada y construida considerando el Diseño Universal y la cadena de accesibilidad, acceso, circulación y uso. Como también generar estándares mínimos del entorno y conectividad; caminos, avenidas, calles, veredas, ciclovías, transporte público, etc., basados en el Diseño Universal.

II. Educación

Fortalecimiento de la Educación pública. La educación constituye un derecho indiscutible que debe ser asegurado por el Estado para TODOS los habitantes de Chile. Consideramos una educación pública gratuita, laica, de libre acceso y obligatoria desde el nivel parvulario hasta el nivel medio. Adicionalmente pueden existir instituciones educativas privadas para quienes quieran pagar. Propiciamos además un sistema de educación superior que asegure el acceso con efectiva igualdad de oportunidades para todos, otorgada sin costo en los institutos técnicos y las universidades estatales, y en las universidades privadas acceso sin costo a todo estudiante de escasos recursos y arancel diferenciado al resto de los estudiantes en función del nivel de ingreso de sus familias.

Estimamos que se debe destinar no menos del 25% del presupuesto nacional para financiar un acceso gratuito a la educación pública y de calidad en todas las etapas de la vida personal (infancia, adolescencia, adultez y 3º edad).

  • Acabar con el lucro en Educación, definiendo a esta actividad como de alto interés social.
  • Fortalecer la educación pública-comunitaria, impidiendo la apertura de nuevos centros particulares subvencionados y estimulando la conversión hacia Fundaciones o Corporaciones sin fines de lucro efectivos a los que quieran mantener la labor educativa. Estimular la formación de cooperativas escolares que se hacen cargo de las escuelas comunitarias.
  • Asegurar el 100% de cobertura de la educación parvularia, ya que hoy no está cubierta.
  • Valorización real del rol del profesor y/o educador, otorgándole condiciones salariales y laborales acorde con su fundamental importancia y potenciando su enriquecimiento cultural.
  • Modelo pedagógico enfocado en desarrollo de habilidades humanas. Quehacer pedagógico centrado en la persona y el desarrollo humano integral y armónico, en todas sus dimensiones humanas/sociales y en la intervención social/cívica para la transformación de la sociedad.
  • Es relevante el desarrollo de centros educativos en zonas de mayor necesidad socio-económica y con fuerte impronta cultural – comunitaria y cooperativista.
  • Proponemos una estructura de la administración basada en: ministerio-centro regional-centro provincial-agencias locales (comunidades organizadas).
  • Reevaluación de la JEC (estudiar o trabajar menos horas). Una posibilidad es generar en los barrios centros culturales-deportivos, allí van los estudiantes a lo que ellos escogen. En definitiva una jornada de colegio, escuela, estudio o deporte no alineada al futuro laboral sino al desarrollo armónico del estudiante.
  • Educación superior vinculada con el progreso y desarrollo socio comunitario, en base a un proyecto país y hacia la integración regional latinoamericana.
  • Vinculación y complementación del sistema educacional con otras áreas como cultura, medio ambiente, discapacidad, pueblos originarios, FFAA, deportes, ciencia y tecnología, etc.
  • Generar y/o mejorar las normativas con relación a que toda nueva construcción de infraestructura educacional publico o privado; colegios, escuelas, parvularios, salas cunas, jardines infantiles, universidades, institutos técnicos, etc. deben ser diseñadas y construidas considerando el Diseño Universal y la cadena de accesibilidad, acceso, circulación y uso. Como también generar estándares mínimos del entorno y conectividad; caminos, avenidas, calles, veredas, ciclovías, transporte público, etc., basados en el Diseño Universal.
  • Abrir el abanico de posibilidades en cuanto a modelos educativos que puedan plasmarse en centros educativos libertarios, con apoyo técnico y financiero del Estado para iniciar proyectos.


III. Cultura

El país requiere una política cultural que se ponga a disposición de la población, con medios efectivos tanto para el desarrollo de la expresión artística y cultural, como para el acceso al conocimiento y al uso de la tecnología.

Lejos de la publicitada colaboración de la empresa privada con el desarrollo científico, tecnológico y cultural en Chile, todos aquellos espacios de expresión cultural considerados como “no rentables“ son precisamente los que deben recibir mayor financiamiento estatal en función de criterios de desarrollo local y regional, determinados en conjunto con la ciudadanía. Para ello se requiere descentralizar el financiamiento y la gestión del desarrollo cultural, creando espacios regionales y locales de invención, creación, expresión y acceso a la cultura. Esto significa al menos:

  • Eliminar el impuesto al libro.
  • Eliminar los fondos concursables existentes y reemplazo por agencias regionales de desarrollo artístico y cultural, cuyas políticas y prioridades sean definidas mediante procesos de deliberación ciudadana.
  • Eliminar las formas actuales de financiamiento público de la investigación en ciencia y tecnología, las cuales favorecen la concentración de los recursos en un grupo reducido de investigadores, mucho más allá de sus necesidades reales de financiamiento, con lo cual no son evidentemente un incentivo eficaz a la investigación.
  • Generar y/o mejorar las normativas con relación a que toda nueva construcción de infraestructura cultural pública o privada; teatros, centros de eventos, cines, bibliotecas, etc. deben ser diseñadas y construidas considerando el Diseño Universal y la cadena de accesibilidad, acceso, circulación y uso. Como también generar estándares mínimos del entorno y conectividad; caminos, avenidas, calles, veredas, ciclovías, transporte público, etc., basados en el Diseño Universal.
  • Establecimiento de mecanismos de transparencia en la asignación de recursos para el financiamiento de la creación artística y para la investigación científica y tecnológica, y creación de dispositivos de acompañamiento y seguimiento permanente de la gestión y uso adecuado de los recursos asignados.
  • Aumentar al menos a 3% del PIB el presupuesto público destinado a fomentar la investigación científica y tecnológica.
  • Transformar CONICYT en el Centro Nacional de la Investigación Pública, que tenga por función la formulación y seguimiento de una política de desarrollo científico y tecnológico cuyas prioridades sean:
  • el financiamiento nacional y regional de la investigación fundamental (“no aplicada”) tanto en ciencias exactas y experimentales como en ciencias humanas y sociales, en resguardo de criterios de autonomía científica en la definición de objetos y prioridades de investigación, de pluralismo intelectual y de recambio generacional.
  • el financiamiento nacional y regional de investigadores confirmados y jóvenes al servicio del desarrollo productivo, tecnológico, social y sustentable a nivel local en función de criterios formulados mediante mecanismos de democracia participativa;
  • el reforzamiento y articulación entre la investigación y la docencia en las universidades estatales y establecimientos estatales de educación técnica, para que la investigación sea puesta al servicio de la formación de las nuevas generaciones de profesionales, investigadores y técnicos;
  • la obligación de las universidades estatales de integrar a sus plantas de investigadores-docentes a quienes hayan recibido un financiamiento público para la realización, tanto en Chile como en el extranjero, de estudios de post-grado orientados a la investigación.

IV. Vivienda

Los desafíos guardan relación no sólo con aumentar la cobertura de viviendas en los sectores de menores recursos, sino también con mejorar los estándares de calidad de ellas, su localización y la calidad de los entornos físico-sociales en que se insertan. En una frase mejorar el “déficit en la calidad del hábitat”. Por ejemplo, ¿cuánta es la cantidad de m2 mínimos y las condiciones de una vivienda para que viva una familia de manera digna?

Planteamos:

  • Generar una Normativa para el establecimiento de estándares de habitabilidad, incorporando el Diseño Universal como elemento indispensable para mejorar la calidad del diseño de la vivienda (temperatura, humedad, accesibilidad, superficies, etc.). Como también generar estándares mínimos del entorno y conectividad; caminos, avenidas, calles, veredas, ciclovías, transporte público, etc., basados en el Diseño Universal.
  • Aumentar el tamaño de las viviendas a, como mínimo, 46 metros cuadrados. Aplicar una política en la calidad de los materiales, mejorar los sistemas constructivos, de aislación, de arquitectura, teniendo en cuenta el entorno y los futuros propietarios, considerando a personas con discapacidad.
  • Recuperar el derecho del Estado a la construcción de viviendas.
  • Utilizar parte de los fondos previsionales administrados bajo el concepto de fondos solidarios por el Seguro Social y a través del Banco de Equidad Social, para el financiamiento de la compra de viviendas.
  • Fortalecimiento de los Sistemas Cooperativos para su implementación en planes de vivienda.
  • Un fuerte apoyo a la organización social y la autogestión como base para obtener su vivienda, como cooperativas u organizaciones de allegados.
  • Aumentar las áreas verdes y zonas de arborización, dar realce a sectores de esparcimiento familiar especialmente en los grandes conjuntos habitacionales vinculando la cantidad de casas construidas con el mínimo de m2 de áreas verdes o esparcimiento. Mayor equipamiento comunitario como bibliotecas bien aprovisionadas y con acceso a la tecnología, sedes sociales amplias que acojan las inquietudes de los vecinos facilitando la asociatividad.
  • Generar y/o mejorar las normativas con relación a que toda nueva construcción de equipamiento comunal; juntas de vecinos, bibliotecas, centros comunitarios, plazas, parques, áreas deportivas, deben ser diseñadas y construidas considerando el Diseño Universal y la cadena de accesibilidad, acceso, circulación y uso.
  • Fortalecer el rol de las Direcciones de Obras Municipales y Direcciones de Desarrollo Local, para ser los Co-Gestores de los programas de vivienda en cada comuna.

Apoyar fuertemente la acción de los municipios los cuales presentan posibilidades significativas si se consideran las funciones y competencias que poseen en materia de uso del suelo, infraestructura y equipamiento comunitario, vivienda, aseo y ornato y desarrollo comunitario. A partir de ellas y mediante la aplicación de una gestión territorial participativa, pueden aportar al mejoramiento de la calidad del hábitat de los sectores más pobres, integrando y complementando esfuerzos y recursos con los niveles regionales y nacionales vinculados a esta materia.

7. Política exterior y hacia América Latina

Unión latinoamericana y Unión mundial

Promovemos una política exterior solidaria y no-violenta. Inspirados en una América unida y sin fronteras, favoreciendo la integración de los Pueblos, proponemos:

Integración plurinacional.

  1. Aspiramos a una integración que valore y fomente la diversidad, atendiendo a la multiplicidad de naciones que conviven al interior de los Estados de nuestra región. Impulsamos la integración diversa de los pueblos de nuestra región en sentido amplio: social, cultural, económico, político, etc.
  2. Apoyo firme y decidido a la Unasur y la CELAC, profundizando sus procesos en dirección a la unión e integración de los pueblos en todas las áreas necesarias.

Construcción de la paz entre las naciones.

  1. Disminución progresiva (y acelerada) del gasto militar.
  2. Renuncia constitucional al uso de la guerra como modo de resolución de conflictos. Fomento de los tribunales internacionales y respeto de sus fallos con carácter vinculante.
  3. Ratificación plena del Tratado de Tlatelolco y definición de Chile como país libre de armamentos nucleares.
  4. Resignificación del rol de la Defensa y la soberanía, disminuyendo su rol bélico y reorientándola en dirección a la protección de la soberanía alimentaria, energética y del conocimiento, garantizando la autonomía de Chile y la región.
  5. Impulso a la formación de una escuela de defensa regional latinoamericana, en reemplazo de la Escuela de las Américas.
  6. Eliminación de toda base militar extranjera en el territorio.
  7. Solución de la demanda de salida al mar para Bolivia con soberanía compartida.
  8. Apertura de fronteras. Eliminación de barreras y control militar migratorio.
  9. Impulso del intercambio cultural y educacional con la región, para fomentar las relaciones de amistad.

Economía de cooperación regional.

  1. Impulso a la creación acelerada de un Mercado Común Latinoamericano.
  2. Revisión y evaluación de los Tratados de Libre Comercio.
  3. Políticas de reducción de las asimetrías regionales, con especial énfasis en políticas solidarias hacia las economías más débiles.
  4. Matriz energética regional, con el interés en la garantía de la soberanía alimentaria, energética y del conocimiento.
  5. Impulso de una Nueva Arquitectura Financiera Regional que incluya el Banco del Sur, Fondo solidario del Sur, Red de Bancos Centrales y Moneda fiduciaria (Sucre).
  6. Creación de un tribunal regional de resolución de disputas económicas.

Garantía y defensa de los Derechos Humanos.

  1. Creación de una instancia judicial vinculante para la garantía y protección de todos los Derechos Humanos a nivel regional.

Hacia la unión mundial.

  1. Impulso a la reestructuración de la Organización de Naciones Unidas en dirección democratizadora, que promueva una nueva legitimidad.
  2. Política multilateral en dirección a la creación de una confederación mundial de naciones, sin exclusiones.
  3. Respeto y valoración de la diversidad como condición del progreso.
  4. Promoción permanente e incondicional del desarme nuclear mundial como prioridad de política exterior.

8. Medio Ambiente y Energía

Buen vivir y sustentabilidad ambiental                               

El sistema neoliberal compromete, de manera irreversible y acelerada, las complejas formas de vida existentes, sin crear alternativas y sin consideraciones hacia las futuras generaciones. Desde ese punto de vista, quien hable de “desarrollo sustentable” sin cuestionar los pilares del sistema económico y social imperante, está simplemente buscando manipular, blanqueando sus verdaderas intenciones.

Propuesta general base para toda política ambiental:

El desarrollo que queremos incorpora una nueva mirada que incluye los conceptos de equidad, participación y sustentabilidad ambiental, además de la protección y la conservación de la naturaleza. Es esto que llamamos la ecología social.

  • Un modelo de desarrollo sustentable requiere formas de desarrollo equilibradas con la naturaleza, basadas en la utilización de energías renovables y no contaminantes.
  • Para su aplicación, es necesaria la descentralización de los centros de poder y la puesta en marcha de medidas autogestionarias en que cada individuo se sienta plenamente responsable de su porvenir y el de la comunidad en la que se encuentra inserto.
  • Asimismo, requiere de un Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial que permita la desconcentración territorial y urbana, orientado por una estrategia nacional de desarrollo basada en la sustentabilidad.
  • Esto significa un cambio radical en el esquema de poder y en la organización de la sociedad.

Propuesta para una nueva institucionalidad ambiental:

Chile ha enfrentado en el último tiempo una serie de desastres y conflictos ambientales, los que se encuentran ligados estrechamente a la matriz productiva del país.

Si bien se ha avanzado en el tema institucional gracias a la creación del Ministerio del medioambiente y los tribunales ambientales, estos organismos se encuentran aún en una fase primitiva del correcto ejercicio de sus funciones, por lo que aún queda todo por hacer en este ámbito.

Por otra parte, la experiencia ha demostrado la necesidad de independencia y autonomía por parte las Instituciones Ambientales hacia los gobiernos de turno, de modo que puedan cumplir con sus funciones y hacer respetar las leyes, por lo que éstas deben ser instituciones del Estado y no órganos del Gobierno. Además, para ser eficaces se necesita, por un lado, formular las políticas ambientales según criterios técnicos con prescindencia de las presiones políticas y económicas y, por otro, se requiere contar con una fuerte capacidad de regulación sectorial de los recursos naturales.

Proponemos:

  1. Una Institucionalidad Ambiental, con estructuras independientes de los gobiernos de turno, es decir, ser instituciones del Estado y no órganos del Gobierno.
  2. Los gobiernos regionales serán los ejecutores de la política medioambiental propuesta por el Ministerio de Medioambiente y Aguas, así como de su planificación y gestión en los territorios. Estos deberán ser capaces de ejecutar la Política Medioambiental en coordinación con la administración Local;
  3. La creación de una Contraloría Ambiental, con 2 grandes funciones de fiscalización: Una de fiscalización ambiental, que asegure el cumplimiento de la Normativa ambiental, por parte de privados y del Estado y otra, de conservación ambiental encargada de revisar y fiscalizar la situación actual del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado y la situación de aquellos espacios vulnerables que se encuentran actualmente fuera de este sistema;
  4. La Tipificación del Daño y Delito Ambiental;
  5. Impulsar y Desarrollar una Estrategia Nacional de Energías Renovables;
  6. La Descentralización Regional a través de la generación de Polos de Desarrollo que permitan la desconcentración poblacional de focos urbanos. De esta forma enfrentar graves problemas de contaminación, como es el caso de Santiago y de Temuco;
  7. Impulsar y Desarrollar una Estrategia Nacional de Participación Ciudadana real y activa, que tienda hacia el empoderamiento de la Sociedad en estos temas, teniendo como finalidad la construcción de una “Ciudadanía Medio Ambiental”;
  8. Finalmente, rechazamos la instalación de Mega Proyectos como HidroAysén y las iniciativas de promover la energía nuclear.

Autonomía y diversificación de la matriz energética

El tema energético es una de las piedras angulares del desarrollo de un país y de la región. Sin embargo, esto aparentemente no ha sido entendido así durante los últimos 30 años en nuestro país. Es así como en Chile no ha existido una verdadera política energética en mucho tiempo, entregando las riendas de este tema al mercado y a algún ministro de un cierto gobierno que pudo haber tenido una que otra “brillante idea” (tipo salvavidas) que nos permitió creer por un tiempo (breve) que el tema no era tan alarmante como otros decían. De esta forma, el gas argentino en su momento, las enormes represas en otro y los proyectos carboneros han sido la sustancia de nuestra “Política Energética”.

Está demás decir entonces que el diagnóstico de la situación es pésimo, pero no sobre las posibilidades de abastecimiento o la composición de la matriz únicamente, sino que sobre la nula existencia de una política energética real. De hecho, no es posible decir que esta política ha fracasado, pues ésta nunca ha existido.

De esta forma, se requiere en primer lugar la definición de una política energética de largo plazo, la que debe responder, necesariamente, al tipo y nivel de desarrollo que queremos como país, el que, a su vez, debe ser acorde a los desafíos que nos planteemos como sociedad en los distintos ámbitos de ésta: empleo, educación, salud, cultura, medio ambiente, etc. Una vez definido el desarrollo que queremos, se define la política energética que nos llevará hacia ese fin de la mejor manera posible, priorizando de buena forma las inversiones que deba hacer el estado en esta materia y procurando proteger la sustentabilidad en el largo plazo.

Esta definición debe emanar necesariamente de un acuerdo social amplio, en el cual los técnicos y políticos actúen como promotores de las distintas formas y posibilidades de desarrollo (generación nuclear, carbón, renovables, hidro, etc.) mediante la presentación de planes y propuestas sobre el futuro energético del país en el mediano plazo, para luego pasar a un proceso de consulta ciudadana al respecto. De esta forma, se asegura la concreción del plan energético triunfador, asumiendo previamente sus ventajas y sus costos y otorgando mayor certidumbre a los desarrolladores de proyectos (tanto de generación como de consumo), todo esto considerando la participación ciudadana, sin pasar por encima de la voluntad del pueblo chileno.

En simple palabras, lo que se busca es devolver a la ciudadanía la soberanía sobre el desarrollo económico del país y la matriz energética que posibilitará dicho desarrollo, ambos en cuanto a forma y velocidad de crecimiento.

En todo caso, independiente de la necesidad de las definiciones anteriores, es un imperativo que el Estado se haga cargo del problema y le dé la importancia que este tema merece, para lo cual entregamos las siguientes propuestas específicas:

  1. Modificar la composición y figura legal de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE), pasando a ser un órgano del estado (actualmente es una corporación de derecho privado), con independencia de los gobiernos de turno.
  2. Fijar metas anuales ahorros por efectos de la Eficiencia Energética (EE), los cuales deben ser promovidos por la AChEE para ser desarrollados en conjunto con el sector industrial, comercial y residencial, con énfasis en las empresas energointensivas (grandes consumidores de energía, como la minería).
  3. Desarrollo de programas específicos de EE en los hogares a través de las empresas de distribución eléctrica. Además, por esta vía se pueden recaudar fondos para el financiamiento de los distintos programas de EE y desarrollo de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) mediante un sobrecargo o impuesto a aquellos hogares que consuman sobre un cierto valor de kWh/mes/persona, o algún indicador similar.
  4. Importación de paneles solares fotovoltaicos por medio de la AChEE, los que pueden ser vendidos con facilidades a quienes deseen contar con estos dispositivos. La ventaja es que, una vez entre en vigencia la compra de energía por parte de las distribuidoras, la inversión será recuperada en unos años y luego se transformará en un ingreso.
  5. Promover el desarrollo de proyectos de geotermia mediante lazos de cooperación entre el estado y las universidades que cuenten con centros de investigación en este tema o para que desarrollen estos. Una iniciativa posible es entregar la concesión de exploración de sitios con potencial geotérmico para que estos centros determinen la factibilidad del desarrollo de proyectos en el lugar. En caso de resultar exitosa la labor, se puede vender el proyecto de modo de financiar los costos de la exploración, re invirtiendo los recursos en la universidad y ganando experiencia sobre estos proyectos.
  6. Invertir fuertemente en la investigación e incorporación de tecnología, que permita la diversificación de la matriz energética a través del despliegue de formas no tradicionales de energía (eólicas, solares, geotérmicas, energía de mareas, biogas); además, que se impulse la construcción de centrales hidroeléctricas pequeñas (de paso) a lo largo del país, conjuntamente entre el Estado y capital privado.
  7. Invertir recursos en la socialización del tema energético, presentando a la ciudadanía las implicancias del desarrollo económico (buenas y malas) y los impactos de las distintas alternativas en su sentido más amplio, realizando esfuerzos a nivel de recursos para la cuantificación de los beneficios efectivos que puede tener para los ciudadanos comunes el desarrollo los proyectos de generación y consumo importantes (minería).
  8. Avanzar en la aplicación de un royalty minero de verdad, asociado a la extracción del mineral y no a las utilidades de las empresas, de modo de ampliar los beneficios sociales provenientes de la minería, toda vez que permite cuantificar de mejor manera los beneficios esperados.

Por otro lado, apoyamos las iniciativas regionales que apunten a la optimización de la matriz energética, basadas en la cooperación mutua y relaciones de reciprocidad. De este modo, la integración de Chile a la alianza energética latinoamericana que impulsa Venezuela, contribuiría sustancialmente a resolver la crisis energética que sufrimos.

 

By 

shop giay nuthoi trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautiful